Esfuerzos en Investigación y Desarrollo

José Miguel Benavente

Recientemente ha vuelto a la discusión pública el esfuerzo que el país está realizando en ciencia, tecnología e innovación. Sabemos que resulta muy complejo cuantificar el impacto económico y social que tiene cada peso invertido en estas actividades. Y ello explica, en parte, lo poco popular que son estos temas en la esfera política.

Uno de los indicadores tradicionalmente utilizados para dar cuenta del esfuerzo que un país hace en estas materias es el denominado gasto en I+D, el cual mide la cantidad de dinero destinado a actividades científicas y tecnológicas -aunque no de innovación, como porcentaje del PIB. La última cifra oficial del país es de un paupérrimo 0,4% del PIB donde cerca del 40% es dinero privado mientras el resto, con la excepción de los observatorios astronómicos, principalmente público.

Pues bien, existe evidencia acerca del vínculo que hay en aumentos en el gasto en I+D que hace un país y las mejoras en ingreso por habitante. Tal como lo planteó el Consejo Nacional de Innovación y que el gobierno actual lo ha hecho suyo, para lograr ser desarrollados debemos, entre otras cosas, duplicar el actual nivel de ingreso por habitante. Y ello debería ir aparejado de aumentos en el esfuerzo científico y tecnológico el cual debe superar la barrera de 1,5% del PIB. Esta cifra no es antojadiza, es cosa de mirar las trayectorias de países que lograron esta meta.

A un ritmo de crecimiento económico anual de un 5%, lo anterior implica, sin hacer muchos cálculos, que cada año la sociedad chilena debería invertir en promedio cerca de US$ 400 millones adicionales por al menos una década. Si bien al comienzo el grueso del esfuerzo es público, a medida que pasa el tiempo, y como consecuencia del diseño de las políticas de apoyo a este tipo de actividades, el sector privado debería participar cada vez mas en este esfuerzo nacional. No obstante lo anterior, el sector público debería invertir al menos US$ 200 millones por año en I+D. Este monto es cercano a lo que proviene del Fondo de Innovación para la Competitividad, que se nutre de lo recolectado como impuesto a la minería o mal llamado royalty minero.

Lo que es importante resaltar que son US$ 200 millones nuevos cada año. Esto quiere decir, que el incremento de gasto público anual debería ser cercano a esa cifra. Y, que una vez asignados en proyectos de I+D pasan a formar parte del arrastre presupuestario. No se trata, como ha ocurrido hasta ahora, que el gasto en I+D subió US$ 200 millones una sola vez en 2008 cuando pasó la ley, y que después creció a un ritmo más bajo, sino que el incremento respecto al año anterior deberían ser al menos estos US$ 200 millones.

Obviamente que esos recursos deben tener un buen destino, entre otros, en la formación de capital humano avanzado, en el financiamiento de la ciencia de base como también aquella ciencia orientada por misión. Pero sobre todo, buscar los mecanismos financieros y de competencia, necesarios para inducir a que el sector privado destine cada vez más recursos a estas actividades.